Una información que circula en el país del sol naciente llamó la atención a nivel internacional, pues según los reportes, Toyota prohibirá la reventa o venta de segunda mano de la nueva generación de Land Cruiser 300. El acuerdo que se establecería con los clientes, argumenta es un tema de seguridad.
La popularidad y el buen nombre del todoterreno japonés busca ser salvaguardado con un contrato de compra sin precedentes. Toyota no quiere que su icónico Land Cruiser sea revendido o caiga en las manos equivocadas, por lo que de antemano, tomará medidas.
Según la revista local Creative311, los propietarios deben firmar al momento de realizar su compra, un compromiso donde aceptan no revender el vehículo en un plazo mínimo de 12 meses posteriores a la entrega. Si eso sucede, el comprador será penalizado y no podrá comprar más en un concesionario de Toyota.
En este sentido el fabricante quiere asegurarse que los clientes que tienen un ejemplar en reserva, que a la fecha en el mercado japonés acumula más de 22.000 unidades, pasen su pedido a manos de otra persona. E incluso el asunto podría pasar con más de un vehículo y obtener ganancias con este tramite fraudulento.
También se limita las unidades entregadas por cada cliente, en pro de velar por un proceso de compra transparente. Ese no sería el único asunto que la marca quisiera controlar con las nuevas políticas de compra del Land Cruiser en el mercado doméstico, se habla también de un tema de seguridad.
Con el fin de evitar que el LC300 sea utilizado para actividades y fines ilegales, hecho que repercutiría en la imagen del vehículo y la marca, el compromiso firmado se hará indispensable. Según afirmaría Toyota, “dependiendo el destino de exportación, puede tener lugar a problemas que amenazan la seguridad mundial”.
Bueno, y es que anteriormente ya se había presentado un impase de este tipo, donde la Hilux y otras versiones anteriores de Land Cruiser fueron usadas por grupos radicales en países del Medio Oriente con fines propagandísticos. La misma publicación cierra diciendo que hasta los propios concesionarios podrían asumir parte de las consecuencias.
